JC G·
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Parte III · Capítulo 10

El autoritarismo digital

Ojo humano gigante construido con líneas de circuito, pupila en ocre

Hay un experimento de pensamiento útil para entender lo que está ocurriendo —el registro es el que Yuval Noah Harari ha popularizado en distintas variantes—. Imagínese a Joseph Stalin con acceso a los datos de telefonía móvil de toda la población soviética. A todas las búsquedas en internet, todas las compras electrónicas, todas las conversaciones por mensajería instantánea. Imagínese a la Stasi —la policía secreta de la Alemania del Este— con cámaras de reconocimiento facial en cada esquina y un sistema centralizado de inteligencia artificial capaz de identificar, en tiempo real, a cualquier ciudadano en cualquier lugar. Imagínese al Politburó chino de los años setenta con la capacidad de medir, segundo a segundo, el estado de ánimo de su población a través del análisis de millones de publicaciones en redes sociales. Imagínese a un régimen autoritario contemporáneo, finalmente, capaz de ajustar el flujo de información que cada uno de sus ciudadanos recibe para maximizar la cohesión social y minimizar el disenso.

No hace falta imaginarlo. Existe ya. Se llama China, principalmente —aunque no exclusivamente—, y constituye lo que algunos analistas han comenzado a llamar el primer prototipo plenamente operativo de autoritarismo digital. No es ya el viejo totalitarismo del siglo XX, que requería ejércitos de informantes humanos y procesaba la información de manera artesanal y siempre incompleta. Es algo cualitativamente nuevo: un sistema de gobierno que usa las mejores herramientas digitales del planeta para vigilar a su gente con una precisión, una escala y una eficacia que ninguna dictadura del siglo XX llegó siquiera a soñar.

Y, sin embargo, conviene no deslumbrarse. El autoritarismo digital es a la vez más poderoso de lo que parece en su capacidad de control inmediato y más frágil de lo que aparenta en su capacidad de durar. Esa es la paradoja que vale la pena desarmar pieza por pieza: cómo funciona, hasta dónde se ha expandido, qué ofrece y por qué, pese a todo, lleva la grieta dentro.

La anatomía del modelo

El autoritarismo digital no es una sola tecnología, sino un engranaje de cinco piezas que funcionan juntas.

La vigilancia masiva con reconocimiento facial. China ha desplegado, en los últimos quince años, la mayor red de cámaras de vigilancia del planeta: entre quinientos y setecientos millones de cámaras conectadas según las estimaciones más citadas, aproximadamente una por cada dos habitantes. Esas cámaras, integradas con algoritmos de reconocimiento facial entrenados en bases de datos de cientos de millones de rostros, permiten identificar y rastrear a cualquier ciudadano en tiempo real. El sistema funciona en estaciones de tren, aeropuertos, calles principales, edificios públicos, incluso en aulas universitarias. En Xinjiang, donde el régimen ha desplegado el grado más extremo de , las cámaras se integran con bases de datos de ADN, escaneos de iris, análisis de marcha y monitoreo de teléfonos móviles para construir perfiles individuales de cada habitante.

Los grandes cortafuegos y la censura algorítmica. El llamado Gran Cortafuegos chino (Great Firewall) bloquea el acceso a buena parte del internet global —Google, YouTube, Facebook, Twitter, The New York Times, la BBC—, mientras permite operar dentro del país a un ecosistema paralelo de plataformas domésticas estrechamente reguladas: WeChat para mensajería, Weibo para redes sociales, Baidu para búsquedas, Douyin para vídeos —la aplicación doméstica de la que TikTok es la versión internacional—. Esos servicios funcionan bajo censura activa y permanente: ciertas palabras son automáticamente borradas; ciertos temas son invisibilizados; ciertos usuarios son silenciosamente reducidos en visibilidad o eliminados. El sistema ha sido perfeccionado durante dos décadas y combina la censura automática algorítmica con un ejército de censores humanos —estimado en cientos de miles— que revisan el contenido marcado por las máquinas.

Los sistemas de crédito social. El experimento más ambicioso —y más mitificado— del modelo es el llamado sistema de crédito social. El malentendido más extendido conviene desmontarlo primero: no existe, contra lo que la cobertura occidental ha sugerido durante años, un puntaje único nacional que califique a cada ciudadano chino en una escala unificada. Lo que existe es algo más prosaico y, sin embargo, más eficaz: una arquitectura fragmentada de listas negras y rojas, bases de datos sectoriales y pilotos municipales que el régimen administra para fines concretos. La más consecuente es la , administrada por el Tribunal Supremo Popular: quien desafía una sentencia firme queda inhabilitado para comprar pasajes de avión, alojarse en hoteles de lujo, ocupar cargos directivos o acceder a financiamiento. Las empresas, por su parte, son objeto de un sistema de calificación regulatoria mucho más desarrollado que el aplicado a personas. Y en algunos municipios piloto —Rongcheng es el caso de manual— sí se asignan puntajes individuales en escalas tipo AAA-D, con beneficios y sanciones graduados. La tendencia, en cualquier caso, es clara: convertir a la población en un sujeto perpetuamente vigilado y perpetuamente disciplinado por su propia conducta cuantificada.

La inteligencia artificial al servicio del Estado. China ha hecho una apuesta estratégica enorme por el desarrollo de la inteligencia artificial, y lo ha hecho con una conciencia explícita de su utilidad para la gobernanza autoritaria. El gobierno chino financia masivamente investigación en visión por computador (para mejorar el reconocimiento facial), procesamiento de lenguaje natural (para automatizar el análisis de millones de publicaciones), análisis predictivo (para identificar comportamientos «de riesgo» antes de que ocurran) y generación de contenido sintético (para producir propaganda personalizada). Tres de las grandes empresas chinas de inteligencia artificial aplicada a la vigilancia —SenseTime y Megvii en visión por computador, iFlytek en reconocimiento de voz— están profundamente entrelazadas con el aparato de seguridad del Estado, hasta el punto de haber sido sancionadas por gobiernos extranjeros por su rol en Xinjiang.

Las operaciones de desinformación y propaganda. Finalmente, el modelo incluye una sofisticada maquinaria de manipulación de la opinión pública, tanto interna como externa. En el frente interno opera el llamado Partido de los Cincuenta Centavos —en alusión a la tarifa por publicación que supuestamente cobraban sus primeros operadores—. Un estudio canónico publicado en 2017 por un equipo de Harvard, encabezado por el politólogo Gary King, desmontó dos malentendidos persistentes: la inmensa mayoría de quienes producen ese flujo no son freelancers pagados al detalle sino funcionarios civiles asalariados que escriben como parte de sus tareas; y el contenido típico no es el trolleo agresivo que se imagina desde fuera, sino la distracción positiva —celebración de logros del régimen, mensajes patrióticos, cambio de tema— en un volumen estimado en cuatrocientos cuarenta y ocho millones de publicaciones al año. En el frente externo, operaciones de influencia chinas han sido documentadas en docenas de países, dirigidas tanto a las diásporas chinas como a las opiniones públicas locales, con el objetivo de moldear narrativas sobre Hong Kong, Taiwán, Xinjiang o la pandemia.

La difusión global

Lo más relevante no es la existencia del modelo chino, sino su exportación creciente al resto del mundo. China no se ha limitado a perfeccionar el autoritarismo digital dentro de sus fronteras: lo ha convertido en uno de sus productos de exportación más exitosos.

Esa exportación opera por varios canales. Empresas chinas —Huawei y ZTE en telecomunicaciones, Hikvision y Dahua en cámaras inteligentes— suministran la infraestructura: sistemas de reconocimiento facial y plataformas de gestión urbana, las llamadas Smart Cities o Safe Cities. Más de ochenta países la han comprado, de Etiopía a Serbia, de Venezuela a Kazajistán, y cada vez más dentro de la propia Unión Europea. Los bancos de política china —el China Development Bank y el Export-Import Bank a la cabeza— financian los proyectos en condiciones favorables, frecuentemente como parte de los paquetes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta; el , multilateral y sujeto a estándares de salvaguardia más exigentes, opera en una cuerda distinta y no debe confundirse con los primeros.

A la exportación de equipamiento se suma la exportación de modelos legales y prácticas regulatorias. China asesora activamente a gobiernos autoritarios sobre cómo construir sus propios cortafuegos, cómo regular las redes sociales, cómo monitorear a sus poblaciones. Funcionarios de Cuba, de Venezuela, de Vietnam, de Tanzania han recibido formación en estos temas por parte del aparato estatal chino. Y la influencia se extiende incluso al ámbito normativo internacional: China promueve activamente, en los foros de gobernanza de internet, una concepción de la soberanía cibernética —cada Estado controla su porción de la red sin interferencia externa— que se opone diametralmente al modelo abierto y global defendido por Occidente.

Rusia, Irán, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y muchos otros países han desarrollado sus propias variantes del autoritarismo digital, en parte importando tecnología china, en parte desarrollándola propia. Y la tendencia se acelera: cada nuevo régimen autoritario que llega al poder, o cada democracia frágil que se desliza hacia el autoritarismo, encuentra a su disposición un arsenal de herramientas tecnológicas que hace una generación habría sido impensable.

Hay que calibrar, sin embargo, lo que se exporta. Lo que China vende no es tanto un modelo político integral como una caja de herramientas —cámaras con reconocimiento facial, software de análisis de redes sociales, infraestructura de cable submarino, plataformas de gobierno digital, asesoría legal y regulatoria— que cada régimen adopta y adapta a su lógica local. El trabajo de campo —en particular el de Sheena Chestnut Greitens, politóloga de la Universidad de Texas que lleva años cartografiando esta exportación país por país— documenta la heterogeneidad del uso final: en Etiopía la prioridad es el monitoreo de la diáspora, en Venezuela el control del padrón electoral, en Egipto la vigilancia de cuadros islamistas, en Serbia la disuasión preventiva en el espacio público. El autoritarismo digital se difunde, en otras palabras, más como tecnología que como ideología; menos como un proyecto político coherente exportado desde Pekín que como un repertorio técnico al alcance de cualquier régimen dispuesto a pagar y cuya lógica de uso la dicta el comprador.

Las fortalezas aparentes

Para entender por qué el modelo se expande tan rápido, hay que reconocer lo que ofrece. Desde la perspectiva de un régimen autoritario, las ventajas son inmensas.

Una capacidad de control sin precedentes. Las dictaduras del siglo XX siempre operaron con información incompleta sobre sus poblaciones. La Gestapo, la Stasi o la KGB construyeron monumentales archivos en papel, pero ninguno tenía la capacidad de procesar en tiempo real todo lo que sus ciudadanos hacían, decían o pensaban. El autoritarismo digital, en cambio, opera con una visibilidad casi total. Una protesta puede ser detectada antes de que se materialice; un disidente puede ser identificado por una sola fotografía en un grupo; una idea políticamente peligrosa puede ser sofocada antes de propagarse.

La eficiencia económica de la represión. La represión policial clásica era cara: requería millones de funcionarios, miles de cárceles, infraestructuras gigantescas de espionaje humano. El autoritarismo digital es radicalmente más barato. Una sola plataforma de software puede sustituir el trabajo de cientos de miles de informantes. Una sola red de cámaras puede vigilar a millones. Esa economía de escala hace que el control autoritario sea ahora alcanzable incluso para Estados pequeños o relativamente pobres, lo que extiende su tentación.

La sutileza del control. A diferencia de la represión brutal del siglo XX, que producía mártires y galvanizaba a la oposición, el autoritarismo digital tiende a ser invisible. Las personas no son arrestadas; simplemente su contenido no se difunde. Los disidentes no son fusilados; simplemente sus puntajes de crédito social bajan. Esa invisibilidad reduce el costo político y moral de la represión, tanto interno como externo. Es más fácil para los gobiernos autoritarios proclamar que son democracias o cuasi-democracias cuando el aparato represivo opera silenciosamente, en segundo plano.

La adaptabilidad y aprendizaje permanente. Las dictaduras tradicionales eran rígidas: aplicaban las mismas técnicas indefinidamente y eran frecuentemente sorprendidas por cambios sociales que no podían anticipar. Los sistemas digitales aprenden. Cada interacción con la población alimenta los algoritmos. Cada nuevo método de circunvención del control es detectado y bloqueado. El sistema se actualiza, se refina, se vuelve más sutil con cada iteración.

Estas ventajas son reales. No conviene minimizarlas. El autoritarismo digital constituye, en términos puramente operacionales, una de las invenciones políticas más potentes —y más perturbadoras— del siglo XXI.

Las vulnerabilidades estructurales

Y, sin embargo, el modelo está comprometido por dentro. Parece fuerte por fuera, pero esconde fragilidades profundas que probablemente se harán visibles —de golpe— en las próximas décadas. Conviene mirarlas una por una: de ahí depende cómo se evalúe el futuro de la competencia entre modelos de gobernanza.

La ceguera del sistema

La primera vulnerabilidad es paradójica: los regímenes autoritarios, al suprimir sistemáticamente la disensión, se vuelven ciegos a la realidad. Las democracias liberales toleran —incluso fomentan— las críticas, las denuncias, los periodistas incómodos, las oposiciones políticas, los activistas, los delatores internos. Esa tolerancia es desordenada, ruidosa, frecuentemente molesta para quienes gobiernan. Pero cumple una función vital: funciona como una alarma que avisa a tiempo y permite detectar problemas y corregir el rumbo antes de que se vuelvan catastróficos. Los regímenes autoritarios suprimen esa alarma.

El ejemplo más visible es el manejo inicial de la pandemia de COVID-19 en Wuhan. Cuando los primeros médicos chinos —notoriamente — intentaron alertar sobre la emergencia de un nuevo virus a finales de 2019, fueron silenciados por las autoridades locales, obligados a firmar retractaciones y acusados de difundir rumores. Esa supresión inicial costó semanas críticas en las que el virus se propagó sin contención. Cuando el régimen central finalmente despertó al problema, era demasiado tarde para contenerlo solo dentro de China. El brote se transformó en pandemia global, y la economía mundial pagó un precio de varios billones de dólares por el silenciamiento de un médico.

El caso de Wuhan no es excepcional; es paradigmático. Los regímenes autoritarios, por construcción, fabrican datos para complacer a sus líderes, silencian a quienes traen malas noticias, ascienden a los aduladores y degradan a los críticos honestos. El resultado, sostenido en el tiempo, es un sistema que decide cada vez menos sobre información veraz y cada vez más sobre la realidad imaginaria que se ha fabricado para sí mismo. Un régimen ciego que se cree vidente. Tarde o temprano, choca.

La fragilidad de la tecnología hipercompleja

La segunda vulnerabilidad es técnica. Los sistemas de autoritarismo digital dependen de máquinas enormes, centralizadas y delicadas, que cuando fallan colapsan de golpe.

Conviene imaginar los escenarios. Un fallo en el sistema central de crédito social que asigne por error puntajes negativos a millones de ciudadanos. Una brecha de seguridad que exponga los datos íntimos de cientos de millones de personas. Un ataque cibernético —de potencias rivales o de actores no estatales— que paralice la infraestructura de vigilancia o las redes de comunicación. Un fallo de cascada en los algoritmos de censura que comience a borrar contenidos no previstos. Cualquiera de estos eventos podría desestabilizar gravemente a un régimen que ha apostado toda su legitimidad a la infalibilidad de su sistema técnico.

A esta fragilidad se suma una dependencia preocupante de tecnologías que, en buena medida, China no controla: los chips más avanzados, el software fundamental, los componentes críticos de los sistemas de inteligencia artificial. La guerra tecnológica con Estados Unidos ha mostrado la vulnerabilidad china en este terreno. Escaló en dos pasos: la inclusión de Huawei en la lista negra comercial estadounidense (la Entity List del Departamento de Comercio) en mayo de 2019, y el paquete de controles de exportación del 7 de octubre de 2022, que cortó el acceso chino a los chips avanzados de Nvidia y a las fundiciones más finas de TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica los procesadores más sofisticados del mundo. China invierte cantidades enormes para desarrollar capacidades autóctonas, pero la frontera tecnológica se mueve más rápido de lo que la imitación puede alcanzar.

La inseguridad permanente del régimen

La tercera vulnerabilidad es psicopolítica. Un régimen que basa su control en el monitoreo total de su población vive, paradójicamente, en una inseguridad perpetua. Cada nueva forma de disenso —cada herramienta de circunvención de la censura, cada protesta espontánea, cada filtración de información, cada manifestación cultural que escape al control— se convierte en una amenaza existencial que el sistema debe sofocar. La consecuencia es una represión que se infla y se desborda, que termina por agotar al régimen y por radicalizar a la población.

Las manifestaciones masivas en Hong Kong en 2019 y 2020 son un ejemplo elocuente. Una sociedad relativamente próspera, con larga tradición liberal, capaz de organizar protestas de millones de personas durante meses, demostró que ni siquiera el más sofisticado aparato de control podía neutralizar la voluntad colectiva una vez puesta en marcha. Las protestas fueron, en última instancia, aplastadas mediante la imposición de una ley de seguridad nacional draconiana, el arresto de los principales líderes y un éxodo masivo de los jóvenes hongkoneses hacia Reino Unido y otros países. Pero el costo político fue inmenso: China perdió, probablemente para siempre, la posibilidad de una reintegración voluntaria de Taiwán; perdió la confianza de las democracias occidentales que habían apostado a su evolución gradual; y demostró ante el mundo entero la naturaleza profundamente autoritaria del régimen.

Las protestas espontáneas de noviembre de 2022 contra los confinamientos de la política «» —que se extendieron a más de una docena de ciudades chinas y que, por primera vez en décadas, incluyeron consignas explícitas contra el Partido y contra el propio Xi Jinping— mostraron que ni siquiera la sociedad china más vigilada de la historia es inmune a la rebelión política. El régimen capituló en pocas semanas, abandonando una política que había defendido como sagrada. Esa capitulación fue una victoria táctica del control popular sobre el aparato autoritario, y un recordatorio de que las herramientas digitales, por sofisticadas que sean, no eliminan la voluntad humana.

La innovación dirigida desde arriba

La cuarta vulnerabilidad es económica de largo plazo, y es la que más ha cambiado de cara en los últimos años. La hipótesis liberal clásica sostuvo durante décadas que los regímenes autoritarios tienen una dificultad estructural para producir las invenciones fundamentales: la innovación radical, decía, requiere libertad intelectual, disenso, mercados de ideas abiertos y tolerancia al fracaso heterodoxo. Los grandes saltos científicos y tecnológicos del último siglo —la teoría cuántica, la biología molecular, el transistor, internet, los lenguajes de programación, los grandes modelos de lenguaje— surgieron mayoritariamente en democracias liberales, lo que parecía darle la razón a la hipótesis.

La evidencia reciente complica el cuadro. China lidera hoy en vehículos eléctricos, paneles solares, redes 5G, baterías de litio y sistemas de pago digital; y, desde 2024-2025, ha mostrado en modelos fundacionales de inteligencia artificial una capacidad competitiva con la occidental que casi nadie anticipaba: los modelos y R1 marcaron, en ese terreno, un punto de inflexión. La tesis ya no puede ser que el autoritarismo no innova; debe ser, con más matiz, que innova de manera diferente: con más recursos y dirección estatal, con tiempos largos y prioridades fijadas desde arriba, pero con menos creatividad rupturista en las fronteras donde pensar contra el poder importa —filosofía política, ciencias sociales críticas, ciertos terrenos de la biomedicina, todo lo que toque la legitimidad del régimen—.

La pregunta, por tanto, no es si los autoritarismos digitales podrán competir en la frontera tecnológica. En algunos terrenos ya lo están haciendo. La pregunta es si podrán hacerlo, sostenidamente, en los terrenos donde el avance depende de la libertad de pensar contra el poder. Si la inteligencia artificial general, la biotecnología avanzada y la fusión nuclear terminan inclinándose hacia el lado donde la creatividad rupturista pesa más que la dirección estatal, China —y los demás autoritarismos digitales— se encontrarán uno o dos pasos atrás en la frontera más decisiva.

Mano humana ofreciendo libremente una cadena dorada como si fuera un regalo

El costo invisible: la atomización social

La quinta y última vulnerabilidad es la más profunda y, probablemente, la menos discutida. Antes de plantearla, hay que matizar una idea recibida. La vigilancia masiva no se experimenta solo como imposición opresiva. Una serie de encuestas de campo en ciudades chinas, sostenidas entre 2019 y 2022 por la politóloga alemana Genia Kostka, documentó algo incómodo para la lectura occidental al uso: en torno al ochenta por ciento de los usuarios urbanos consultados apoya el sistema de crédito social y lo percibe como herramienta útil para reducir el fraude, asegurar el cumplimiento contractual y disciplinar a vecinos incívicos. Para las minorías excluidas o vigiladas —uigures, activistas, abogados de derechos humanos, periodistas independientes— la experiencia es radicalmente opuesta: atomización, miedo, autoexilio. La paradoja del autoritarismo digital es que su poder no descansa solo en la coerción sino, cada vez más, en el consentimiento informado de quienes lo viven como conveniencia. Y eso lo vuelve, en cierto sentido, más peligroso que el totalitarismo del siglo XX: un sistema sostenido por una mayoría que lo prefiere es más difícil de desmontar que uno impuesto sobre una mayoría que lo padece.

Dicho esto, la vigilancia produce, incluso entre quienes la consienten, un cambio antropológico de consecuencias inciertas. Cuando cada ciudadano sabe que está siendo monitoreado en todo momento, modifica su conducta. Deja de hablar libremente con sus amigos. Deja de confiar en sus colegas. Deja de organizar actividades colectivas que no estén autorizadas. Se repliega a la esfera privada más íntima, donde supone —a veces con razón, a veces equivocadamente— que la mirada del Estado no llega.

Esa atomización social, sostenida durante décadas, destruye los tejidos comunitarios sin los cuales ninguna sociedad puede funcionar saludablemente. Las relaciones humanas se vuelven instrumentales, transaccionales, defensivas. Las virtudes cívicas —la solidaridad, la confianza, el espíritu público, la disposición al sacrificio por los demás— se erosionan. Y lo que queda, en el largo plazo, es una multitud de individuos aislados, frecuentemente deprimidos, conectados solo a través de plataformas vigiladas por el propio régimen que los oprime.

Los efectos de este proceso son aún difíciles de medir, pero los indicios son inquietantes. China registra hoy uno de los índices de natalidad más bajos del planeta, fenómeno multicausal pero asociado, según muchos análisis, a una pérdida generalizada de esperanza colectiva sobre el futuro. Los movimientos de acostarse plano (tang ping) y de quemar la riqueza acumulada (bai lan) —subculturas juveniles que rechazan tácitamente las exigencias del régimen— han crecido pese a los intentos del Partido por sofocarlos. Y la fuga creciente de profesionales y empresarios chinos hacia el extranjero —un fenómeno que el régimen no se atreve a admitir abiertamente— sugiere que una parte cada vez mayor de los más capaces del país ha decidido que prefiere otro futuro que el que el sistema les ofrece.

Esta erosión silenciosa del tejido humano puede no tener consecuencias visibles a corto plazo. Pero a largo plazo, una sociedad atomizada, desconfiada y sin proyectos colectivos es una sociedad incapaz de afrontar los grandes desafíos —demográficos, ecológicos, tecnológicos— que el siglo XXI le pondrá inevitablemente delante. El autoritarismo digital, en este sentido, puede estar destruyendo precisamente las bases humanas sobre las que cualquier proyecto civilizatorio necesita apoyarse.

El balance: poderoso y frágil

¿Cómo evaluar, entonces, el autoritarismo digital? La paradoja con la que abrí este capítulo se sostiene: es simultáneamente poderoso en su capacidad de control inmediato y frágil en su capacidad de durar. Sus regímenes son, en una fórmula que circula desde hace años entre quienes los observan de cerca, strong yet brittle: fuertes pero quebradizos. Ya en 2007, la sinóloga estadounidense Susan Shirk —veterana del Departamento de Estado, que había negociado con Pekín en los años noventa— tituló su libro central China: Fragile Superpower. La intuición era contraintuitiva entonces y sigue siéndolo: capaces de aplastar a sus oponentes en cualquier confrontación particular, pero incapaces de resolver las contradicciones acumuladas que terminarán, antes o después, por hacerlos colapsar.

El problema, para el resto del mundo, es que ese colapso podría tomar décadas. Y durante esas décadas, los regímenes autoritarios digitales pueden hacer enormes daños: a sus propias poblaciones, a sus vecinos, al sistema internacional, a la propia idea de un futuro humano digno. La fragilidad estructural del modelo es, en este sentido, una mala noticia tanto como una buena. Mala porque garantiza inestabilidad y sufrimiento mientras estos regímenes duren; buena porque su victoria final no es inevitable.

Lo decisivo, geopolíticamente, es esto: ni el capitalismo de Estado chino ni el autoritarismo digital constituyen, en su forma actual, alternativas globales coherentes capaces de reemplazar al Orden Internacional Liberal con un sistema universalmente legítimo. Ambos modelos son demasiado específicos, demasiado contradictorios, demasiado frágiles para armar un orden mundial pleno. Pero ambos son lo suficientemente potentes para erosionar el orden anterior sin construir un sustituto coherente. Esa es la receta clásica del interregno: el viejo orden moribundo, los contendientes incapaces de tomar su lugar, y el sistema entero sumergido en una zona intermedia de creciente desorden.

¿Cómo se manifestará concretamente ese interregno en los próximos años y décadas? ¿Qué formas puede tomar el desorden global? ¿Qué escenarios son verosímiles y cuáles, deseables? Esas preguntas son el tema de la Parte IV.