Ningún país ha cambiado tan rápido, en términos económicos, como China entre 1978 y 2025. En el espacio de menos de medio siglo, ha pasado de ser una economía agraria, pobre y aislada —más pobre, en 1978, que el promedio del África subsahariana— a constituir la segunda economía del mundo medida en dólares corrientes y la primera medida en poder de compra real; el primer productor industrial del planeta; el primer exportador; el primer poseedor de reservas internacionales; y uno de los dos países que más le presta dinero al gobierno de Estados Unidos comprando su deuda. Más de ochocientos millones de personas salieron de la pobreza absoluta en el camino. Una nueva clase media —que las estimaciones cifran, según el umbral que se adopte, en torno a los cuatrocientos millones de personas— ha emergido en sus ciudades. Y, junto con todo eso, China se ha convertido en el rival sistémico más serio que el Orden Internacional LiberalOrden Internacional Liberal ha encontrado desde su fundación.
¿Cómo se ha producido este vertiginoso ascenso? ¿Qué modelo económico y político lo ha sustentado? ¿Es ese modelo replicable en otros países, o es una excepción atada a las circunstancias singulares de la historia china? Y, sobre todo: ¿constituye una alternativa viable al capitalismo democrático occidental, o esconde, bajo su éxito macroeconómico aparente, contradicciones internas que terminarán por hacerlo insostenible? Responderlo exige sortear dos tentaciones simétricas: el entusiasmo acrítico de quienes ven en China el futuro inevitable del mundo, y el desdén automático de quienes prefieren minimizar lo que es, objetivamente, una de las hazañas económicas más asombrosas de la historia.
La anatomía del modelo
Conviene aclarar algo primero. La economía china no es —ya no lo es desde hace cuarenta años— una economía planificada al estilo soviético. Pero tampoco es una economía de mercado al estilo occidental. Es un híbrido específico, diseñado y constantemente recalibrado por el Partido Comunista Chino, que combina elementos de ambos sistemas en una arquitectura única.
El primer rasgo del modelo es su estructura vertical. En la cumbre de la economía operan las grandes empresas estatalesempresas estatales —State-Owned EnterprisesState-Owned Enterprises, o SOEsSOEs—, que monopolizan sectores estratégicos definidos como esenciales para el interés nacional: la energía (Sinopec, CNPC, State Grid), las telecomunicaciones (China Mobile, China Telecom), el sistema financiero (los grandes bancos comerciales, en su mayoría controlados directa o indirectamente por el Estado), la aviación civil, los ferrocarriles, una porción significativa de la industria pesada. En la base de esta pirámide opera, en cambio, un vasto y competitivísimo sector privado —decenas de millones de empresas pequeñas y medianas, más un puñado de gigantes globales: Alibaba, Tencent, Huawei, el fabricante de eléctricos BYD— que produce buena parte de la manufactura de exportación, el comercio minorista y los servicios.
El truco del modelo consiste en cómo se vinculan ambos niveles. Las SOEsSOEs, sentadas en sectores donde no tienen competencia, cobran de más. Ese sobreprecio —que pagan en cadena las empresas privadas y los consumidores que dependen de ellas— financia inversiones masivas en infraestructura, subsidios industriales selectivos, programas tecnológicos estratégicos y la propia maquinaria del Estado y del Partido. Es un sistema de extracción interna: el dinamismo del sector privado paga la consolidación del poder estatal, mientras el poder estatal garantiza —mediante una combinación de fomento y disciplina— que el sector privado siga generando crecimiento.
El segundo rasgo es la fusión entre poder político y poder económico. En China no hay, en sentido riguroso, una separación entre lo privado y lo público. Las empresas estatalesempresas estatales son extensiones del Partido. Pero también las grandes empresas «privadas» están sometidas, en mayor o menor grado, a la dirección estratégica del Partido. Cada empresa de cierto tamaño tiene un comité del Partido en su seno. Cada decisión estratégica significativa —una fusión, una inversión exterior, una colocación bursátil internacional— requiere, formalmente o de facto, una luz verde estatal. La línea entre Jack Ma como empresario tecnológico y Jack Ma como subordinado al Partido se hizo dramáticamente visible en 2020, cuando un discurso frontal del fundador de Alibaba contra el sistema regulatorio chino —al que comparó con un club de viejos cuya mentalidad era la de una casa de empeño— bastó para paralizar la salida a bolsa de su filial financiera Ant Group —la mayor de la historia hasta ese momento— y para que el propio Ma desapareciera de la vida pública durante meses. La señal fue inequívoca: en el sistema chino, ningún empresario es soberano de su propio destino.
La politóloga estadounidense Margaret Pearson, una de las observadoras más finas del aparato económico chino, ha bautizado este sistema como Partido-Estado capitalismo: una etiqueta que en los think tanks de Washington se ha simplificado a CCP Inc, «el Partido como holding». Ambas fórmulas apuntan a lo mismo: un ecosistema en el que el Partido Comunista actúa como dueño último y directorio estratégico de un complejo empresarial-estatal único en el mundo. Eso es lo que China ofrece, no como modelo importable, sino como referente alternativo al capitalismo liberal occidental.
La ambición global: la Iniciativa de la Franja y la RutaIniciativa de la Franja y la Ruta
Hasta los años 2000, el modelo chino era principalmente interno: una manera específica de organizar el desarrollo nacional. La transición a un proyecto global comenzó alrededor de 2013, cuando el presidente Xi Jinping —recién llegado al poder— anunció en una serie de discursos lo que se conocería como la Iniciativa de la Franja y la RutaIniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road InitiativeBelt and Road Initiative, BRIBRI). El nombre, deliberadamente evocador de la antigua Ruta de la Seda, era una declaración de intenciones histórica: China aspiraba a reconectar el continente euroasiático y a proyectar su influencia económica desde el Pacífico hasta el Atlántico.
La BRIBRI no es un plan; es una constelación de proyectos. Puertos en Pakistán, Sri Lanka, Grecia y Yibuti; ferrocarriles desde Chongqing hasta Duisburgo cruzando Asia Central; gasoductos desde Turkmenistán hasta Xinjiang; plantas eléctricas en Etiopía y Kenia; zonas económicas especiales en Camboya y Indonesia; redes de fibra óptica en el Cuerno de África; centros logísticos en Belgrado, El Pireo y Trieste. Hacia 2023, más de 150 memorandos de entendimiento habían sido firmados con países y organizaciones internacionales en el marco de la iniciativa, y los flujos financieros —principalmente préstamos de bancos estatales chinos como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación— rondaban el billón de dólares acumulados.
El atractivo de la BRIBRI para los países receptores es evidente. China ofrece un paquete integral que las instituciones occidentales no pueden igualar: financiación rápida de bancos estatales, sin las condicionalidades que exige el FMI —disciplina fiscal, liberalización comercial, reformas estructurales, garantías de gobernanza democrática—; construcción a cargo de gigantescas empresas de ingeniería chinas con experiencia y capacidad operativa; respaldo político del Estado chino; y, crucialmente, ninguna pregunta incómoda sobre derechos humanos, transparencia presupuestaria o democracia. Los préstamos chinos sí imponen, en cambio, condiciones de otra naturaleza: secreto sobre los términos del contrato, bienes del Estado puestos como garantía, prioridad de cobro frente a otros acreedores, y cláusulas que permiten reclamar toda la deuda si el país falla en cualquier otro pago (lo que los abogados llaman cross-default). Pero esas exigencias resultan, para muchos gobiernos receptores, menos invasivas que el escrutinio público y las reformas estructurales que el FMI o el Banco Mundial imponen. Para un gobierno del Sur Global que necesita modernizar un puerto, construir una autopista o electrificar una región, el contraste con la lentitud y el moralismo de las instituciones occidentales es obvio. China no entrega caridad: entrega negocios.
La narrativa de la «trampa de la deudatrampa de la deuda», popularizada hacia 2017 y rápidamente incorporada al discurso público occidental, ha sido seriamente cuestionada por la investigación académica más reciente. Deborah Brautigam, economista estadounidense que lleva treinta años recorriendo África con un cuaderno y leyendo contratos chinos línea por línea, ha documentado que el mapa real de la BRIBRI es mucho más heterogéneo de lo que sugiere la imagen del prestamista depredador: hay proyectos competentes y proyectos disfuncionales, préstamos con condiciones comerciales duras y préstamos blandos, países que han renegociado sus deudas con éxito y países atrapados en términos onerosos. Lo que la BRI sí logra, en su conjunto, es algo más sutil que una trampa: una red de dependencia económica, política y técnica que cambia los términos del diálogo con cada gobierno receptor. Es menos que un cepo, pero no es inocuo.
La BRIBRI representa, en este sentido, una alternativa concreta y transaccional al modelo de desarrollo promovido por el Banco Mundial y el FMI desde los años ochenta. El llamado Consenso de Washington —liberalización financiera, privatización, disciplina fiscal, reformas estructurales— era una receta integral con un fuerte componente ideológico. El Consenso de Pekín, en cambio, es esencialmente pragmático: aquí tienes el dinero, aquí tienes el ingeniero, te entrego una infraestructura llave en mano en cinco años, y los términos del préstamo los discutimos. Esa simplicidad —junto con la velocidad y la escala— ha convertido a China, en menos de una década, en el mayor proveedor bilateral de financiamiento al desarrollo del planeta.
Las fortalezas reales del modelo
Antes de pasar a las contradicciones, conviene reconocer lo que el modelo chino ha hecho excepcionalmente bien.
El primer logro es la capacidad sin precedentes de movilizar recursos a escala. Cuando el Partido decide construir una red de trenes de alta velocidad, la construye: hoy, China tiene más kilómetros de líneas de alta velocidad que el resto del mundo combinado, todos construidos en quince años. Cuando decide convertir a su país en el líder mundial de paneles solares, lo logra: produce el ochenta por ciento de los paneles fotovoltaicos del planeta. Lo mismo en vehículos eléctricos —BYD superó a Tesla en ventas globales y los modelos chinos están desplazando a los europeos en sus propios mercados— y en baterías de litio, donde CATL controla casi un tercio del mercado mundial. La capacidad estatal china de identificar sectores estratégicos, dirigir recursos masivos hacia ellos y sostener apoyo durante décadas es, simplemente, sin parangón en el mundo democrático contemporáneo.
El segundo logro es la velocidad de despliegue de infraestructura. Las autopistas, los aeropuertos, los puentes, los sistemas de metro, las redes eléctricas, los centros de datos: todo se construye en China con una rapidez que en Occidente se considera imposible. Esa velocidad no es solo el producto de la abundancia de mano de obra o de la ausencia de regulaciones estrictas. Es el resultado de un sistema político en el que las decisiones se toman desde arriba y se ejecutan sin los frenos —litigios, consultas, oposiciones partidarias, restricciones presupuestarias democráticamente debatidas— que caracterizan a las democracias liberales.
El tercer logro es la coherencia estratégica de largo plazo. Mientras las democracias occidentales oscilan cada cuatro o cinco años entre prioridades contradictorias —impulsadas por ciclos electorales y por el voto de minorías clave—, China puede sostener proyectos industriales o tecnológicos durante veinte o treinta años. Su programa espacial. Su industria de chips. Su flota naval. Su red de inteligencia artificial. Todos son proyectos generacionales, sostenidos por decisiones que no se revisan en cada ciclo electoral.
Estos tres logros constituyen, juntos, una propuesta de valor real. Para muchos gobiernos del Sur Global, y también para muchos intelectuales y empresarios occidentales que observan con frustración la parálisis decisional de sus propios sistemas, el modelo chino aparece como una demostración de que es posible hacer las cosas a otra velocidad y con otra coherencia. Esa fascinación no es ingenuidad —conviene tomarla en serio— y es una de las fuerzas que más erosionan, hoy, la legitimidad del modelo democrático liberal en el mundo.
Las contradicciones internas
Y, sin embargo, el modelo chino está plagado de contradicciones profundas que cuestionan su viabilidad de largo plazo. De ellas depende, en buena medida, la probabilidad de un futuro «orden chino» —y son cuatro.
La ineficiencia de la asignación de capital
El primer talón de Aquiles del modelo es financiero. El sistema descansa en que los bancos estatales canalizan crédito barato hacia las empresas estatalesempresas estatales y hacia los proyectos políticamente prioritarios. Pero ese sistema produce, casi inevitablemente, una asignación ineficiente del capital. Las SOEsSOEs, protegidas de la competencia y del rigor financiero, suelen ser menos productivas que sus equivalentes privados. Reciben los créditos más baratos pero generan menos retorno por dólar invertido. El resultado, a escala macroeconómica, es una asignación sistemáticamente mala del capital: el ahorro de cientos de millones de familias chinas se canaliza, año tras año, hacia inversiones que rinden menos de lo que rendirían en manos privadas.
Esa ineficiencia se ha acumulado durante cuatro décadas y produce, hoy, un fenómeno preocupante: el endeudamiento masivo del sistema chino. La deuda total —pública, corporativa y de hogares— supera el trescientos por ciento del PIB chino, un nivel que en cualquier economía occidental dispararía todas las alarmas. El sistema bancario está plagado de créditos morosos que las autoridades disimulan mediante prórrogas continuas. El sector inmobiliario —que durante años fue el principal motor del crecimiento— atraviesa, desde 2021, una crisis prolongada que ha hecho colapsar a gigantes como Evergrande y Country Garden, dejando millones de viviendas sin terminar y a una clase media china empobrecida. El sistema paga intereses bajísimos al ahorro de las familias para abaratar el crédito a sus propias inversiones; el efecto colateral es que las familias, empobrecidas en sus rendimientos, consumen menos —justo lo contrario de lo que el modelo necesita ahora reactivar y no puede.
La mayoría de los economistas occidentales que estudian a China coinciden en que el modelo, en su forma actual, no es sostenible. Producirá, en el mejor de los casos, una desaceleración prolongada del crecimiento; en el peor, una crisis financiera de gran magnitud. China, en este diagnóstico, está atrapada en lo que un informe del Banco Mundial bautizó en 2007 como la trampa de los ingresos mediostrampa de los ingresos medios: ya no es pobre pero todavía no es rica, y las herramientas que sirvieron para salir de la pobreza —mano de obra barata, copia de tecnología extranjera, exportación masiva— ya no sirven para dar el siguiente salto. La academia china ofrece una lectura distinta. Justin Yifu Lin —economista chino formado en Chicago, ex economista jefe del Banco Mundial, hoy en la Universidad de Pekín— sostiene que el país está atravesando una transición ordenada hacia un nuevo equilibrio, más capital-intensivo, más tecnológico y menos dependiente del crédito y la exportación. Otros, desde universidades chinas, defienden que el sistema tiene mecanismos internos de adaptación que los modelos occidentales subestiman. El debate está vivo, y solo los próximos diez años decidirán quién tenía razón.
La fragilidad política y la dependencia del crecimiento
La segunda grieta es política. El Partido Comunista Chino, desde la reforma de 1978, ha basado su legitimidad casi exclusivamente en la entrega continua de crecimiento económico alto. Ese pacto implícito —el Partido gobierna sin contestación a cambio de prosperidad creciente— funcionó admirablemente durante cuatro décadas en las que el PIB chino crecía a tasas del 9% o 10% anual. Pero ese pacto se vuelve frágil cuando el crecimiento se desacelera. Y el crecimiento se está desacelerando. China ya no crece al 10%; tampoco al 7%, ni al 6% sostenidamente. Las cifras oficiales hablan de un 5%; análisis independientes de firmas especializadas en datos chinos estiman que la cifra real, para 2024, se sitúa más bien en torno al 2,5%, aunque la propia Reserva Federal sostuvo en 2025 que las series oficiales no parecen estar sistemáticamente sobreestimadas. El debate sigue abierto; lo que ya no está en discusión es que la era del crecimiento de dos dígitos ha terminado. Una sociedad acostumbrada a duplicar su nivel de vida cada década comienza a vivir bajo otras expectativas. Y esas expectativas, frustradas, pueden volverse políticamente peligrosas.
Hay una imagen del repertorio clásico de los analistas de la política china —tomada del viejo proverbio qí hǔ nán xià, «difícil bajarse del tigre que se cabalga»— que vale lo que dice: la trampa del tigre montado. El Partido necesita seguir cabalgando el crecimiento porque no puede bajarse sin que el tigre lo devore. Cualquier crisis económica significativa —un colapso bancario, una crisis cambiaria, una recesión profunda— podría poner en cuestión la legitimidad del régimen entero.
La corrupción y la fusión del poder
El tercer problema es jurídico. Donde el poder político controla directamente los recursos económicos, la corrupción es endémica y casi imposible de erradicar. China no es la excepción. Xi Jinping llegó al poder en 2012 con una campaña anticorrupción que en doce años ha procesado a más de cinco millones de funcionarios, incluyendo a varios tigres de la cumbre del Partido. Esa campaña ha sido implacable y, en términos meramente políticos, exitosa: ha consolidado el poder de Xi y ha intimidado al resto del aparato. Pero no ha resuelto —y, por su propia estructura, no puede resolver— el problema de fondo: en un sistema sin Estado de derecho, sin prensa libre, sin tribunales independientes y sin oposición política legal, no hay mecanismos estables para detectar y corregir el abuso de poder. La campaña anticorrupción de Xi es, en realidad, una herramienta de purga política tanto como un esfuerzo genuino de moralización. Y los abusos que persigue volverán a brotar, con otros nombres, en cuanto la campaña afloje.
Esta fragilidad jurídica tiene consecuencias económicas concretas. Los inversionistas extranjeros desconfían cada vez más de un sistema donde sus activos pueden ser confiscados por decisión política, donde sus ejecutivos pueden ser arrestados sin debido proceso, donde sus contratos pueden ser reinterpretados a voluntad. La inversión extranjera directa en China, después de décadas de crecimiento sostenido, comenzó a contraerse a partir de 2022. Los grandes fondos de pensiones y los inversionistas institucionales occidentales están reduciendo, lenta pero sistemáticamente, su exposición a activos chinos. Esa fuga silenciosa de capital es uno de los síntomas más reveladores de las dudas crecientes sobre la viabilidad del modelo.
La limitada atracción universal
Finalmente, hay una contradicción que es decisiva para entender por qué el modelo chino, pese a su éxito macroeconómico, no constituye una alternativa global coherente al Orden Liberal. Esa contradicción es su limitada atracción universal. El modelo es altamente específico: depende de un Partido único con setenta y cinco años de tradición, de una burocracia con dos milenios de experiencia administrativa, y de un repertorio confuciano que el Partido invoca y reactualiza desde principios del siglo XXI, seleccionando los elementos que le sirven y descartando los que le incomodan. Ninguno de esos elementos es importable. Un país africano o latinoamericano que quisiera replicar el modelo chino se enfrentaría a la imposibilidad estructural de reproducir las condiciones culturales y políticas que lo hacen funcionar en su lugar de origen.
Por eso, China no exporta su modelo como un programa universalizable, sino como un patrocinador transaccional. Construye infraestructura, presta dinero, vende tecnología. Pero no propone —como sí proponía la Unión Soviética del siglo XX o como sí propone, todavía hoy, el liberalismo democrático occidental— un proyecto civilizatorio destinado a remodelar a sus aliados.
La doctrina Xi: el «sueño chinosueño chino» y el rejuvenecimiento nacional
Antes de cerrar, una observación sobre la dirección política que ha tomado el modelo desde el ascenso de Xi Jinping en 2012. El llamado sueño chinosueño chino —fórmula propagandística central del régimen actual— combina una ambición económica y una ambición histórica: convertir a China, hacia el centenario de la fundación de la República Popular en 2049, en una potencia plenamente desarrollada, militarmente dominante en su región y reconocida como par de los Estados Unidos en el sistema internacional. Esa ambición es legítima en sus términos —cualquier sociedad de mil cuatrocientos millones de personas tiene derecho a aspirar a un protagonismo geopolítico acorde con su escala— pero plantea, para el Orden Internacional LiberalOrden Internacional Liberal, un desafío específico: la coexistencia con un actor que ya no se contenta con jugar en el sistema existente y que aspira, abiertamente, a reescribir sus reglas en beneficio propio.
El conflicto entre Washington y Pekín que se ha intensificado desde 2018 —con la guerra de aranceles, las prohibiciones tecnológicas mutuas, la militarización del estrecho de Taiwán especialmente desde 2022, las disputas en el Mar del Sur de China, la rivalidad por la influencia en África y América Latina— no es coyuntural. Es estructural. Es la manifestación de que dos potencias con visiones distintas del orden internacional están entrando en una fase prolongada de competencia sistémica —uno de los rasgos que definen el interregnointerregno.
China ha demostrado que se puede construir riqueza a una velocidad que Occidente ya no alcanza. Lo que no ha demostrado es que se pueda exportar la fórmula: ofrece puertos, trenes y crédito, no un mundo. Esa es a la vez su fuerza y su techo. Queda por ver la otra cara de su oferta: no el capitalismo de Estadocapitalismo de Estado, sino las herramientas con que China —y muchos otros regímenes autoritarios— han redefinido la gobernanza del siglo XXI. Es lo que, con cierta torpeza, llamamos autoritarismo digitalautoritarismo digital.